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PASO DE LOS LIBRES
Trata de personas: inacciones de ex funcionarios radicales ponen en riesgo las finanzas
Una víctima de una red de trata de personas integrada por empresarios, efectivos de fuerzas de seguridad y hasta un ex fiscal federal reclama una indemnización a una Municipalidad que habilitó los locales donde era explotada.


Responsabiliza de esto al ex intendente de Paso de los Libres, Raúl Tarabini, referente de Cambiemos y de la Unión Cívica Radical; a ex su secretario, José Sincovez; y al legislador provincial Eduardo “Peteco” Vischi, también ex intendente de esa ciudad.

Pese a estas responsabilidades, la demanda es contra el municipio, ahora administrado por el referente peronista Martín Ascúa y, de tener que hacer frente a esta indemnización, el gobierno local sería afectado gravemente en sus finanzas.

En las últimas horas, el municipio de Paso de los Libres recibió una demanda de más de 8 millones de pesos porque las gestiones anteriores permitieron la permanencia de prostíbulos en esa ciudad hasta 2016.

De avanzar la demanda, la Municipalidad tendrá que defenderse de la pesada herencia de esta millonaria petición que planteó una mujer víctima del delito de trata -explotación sexual- porque intendentes anteriores permitieron el funcionamiento de los locales que operaban con el negocio sexual y hasta, según consta en la causa, enviaban a inspectores para cobrar “coimas” a los tratistas.

La demanda civil de la mujer víctima demuestra que hasta 2016, cuando gobernó el radical Raúl Tarabini el municipio no solo dificultaba la lucha contra los delitos de explotación sexual, sino que, además, puso en riesgo la situación financiera de la propia comuna.

Una mujer víctima de trata demandó en 2019 por 8.451.200 pesos a la Municipalidad de Paso de los Libres por no haber clausurado o controlado debidamente el funcionamiento de locales comerciales que habrían operado como prostíbulos, entre 2013 y 2016, en manos de personas hoy procesadas por la Justicia federal por ejercer el delito de explotación sexual.

La preocupación crece ahora en la comuna libreña porque esa demanda inicial por más de 8 millones de pesos podría llegar a los 12 millones con los intereses, lo que perjudicaría gravemente la estabilidad económica de la administración que desde 2017 lleva adelante el intendente Martín “Tincho” Ascúa.

La causa por delito de trata en la localidad, que desencadena en una demanda civil contra el municipio, se inició en la Justicia federal de esa ciudad en el marco de diferentes actuaciones judiciales realizadas desde 2011 en el combate contra la explotación sexual.

En ese período, que va de 2011 a 2016, Paso de los Libres estuvo gobernada por intendentes y funcionarios de la UCR en la alianza ECO. En el resto del país, los locales comerciales que oficiaban como prostíbulos habían sido clausurados desde 2005, pero en dicha ciudad continuaron hasta que, años después, la Justicia fue confirmando cierres, secuestros, rescate de víctimas, detenciones y procesamiento de acusados.

Según la demanda judicial de la mujer víctima de trata, los prostíbulos en cuestión funcionaron en plena ciudad de Paso de los Libres entre 2013 y 2016 cuando el radicalismo todavía gobernaba el municipio con Eduardo Vischi (actual diputado provincial) y luego con Raúl Tarabini.

En esos años, la Justicia federal allanó al menos cuatro locales con actividades delictivas vinculadas al comercio sexual y encausó a sus respectivos operadores que hoy están en proceso judicial.

Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2012 fue habilitado el local denominado “Puro Movimiento”, pese a que desde octubre de 2012 se encontraba vigente la ordenanza municipal 1.017/ 12 mediante la cual se prohibía el funcionamiento de este tipo de negocios. Es decir, se refleja una clara omisión o complicidad de los entonces funcionarios municipales.

A pesar de todo ello, el local “Puro Movimiento” fue rehabilitado por la gestión radical de entonces con fecha 22 de junio de 2015.

Respecto a esto, desde el Concejo Deliberante local, la edil Sara Alegre sostuvo: “Estamos muy preocupados porque esto pone en situación de quiebre a la Municipalidad que viene ordenando sus cuentas desde que el intendente justicialista Martín Ascúa asumió en diciembre de 2017”.

“Esta demanda es, puntualmente, por una conducta activa u omisiva que se le atribuye al municipio”, dijo al hacer referencia a funcionarios municipales de anteriores gestiones quienes, se sospecha, no habrían realizado los controles correspondientes y que, pese a haber una prohibición legal, habrían otorgado los permisos y habilitaciones para su funcionamiento.

A partir de ahora, la Municipalidad de Paso de los Libres tendrá que definir su estrategia frente a la millonaria demanda judicial para defender el equilibrio de las cuentas que lleva adelante el intendente Ascúa.


Fuente: Novacorrientes


Lunes, 5 de agosto de 2019

   

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